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Las Autoridades de la FCEN se suman a la defensa de la Universidad Pública

imagen Las Autoridades de la FCEN se suman a la defensa de la Universidad Pública

 Las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo acompañan el paro convocado para este viernes 12 de septiembre en defensa de Ley de Financiamiento Universitario, vetada recientemente por el Ejecutivo Nacional. 

El veto a la Ley de Financiamiento Universitario impacta no solo en el presupuesto destinado a la política salarial, sino también en los recursos para el funcionamiento institucional, las becas, la extensión y la investigación.

En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso permanente con la defensa de la educación pública, la universidad gratuita y el desarrollo científico y tecnológico como pilares fundamentales de una sociedad justa y soberana. Alertamos y manifestamos nuestra profunda preocupación ante el crítico estado actual del sistema educativo y de ciencia y tecnología en nuestro país.

Asistimos a un proceso de desfinanciamiento sostenido que compromete seriamente la continuidad de las funciones esenciales de nuestras universidades y centros de investigación. La falta de actualización presupuestaria, el ataque constante a la comunidad docente y científica, los recortes en programas de becas, la paralización de proyectos de infraestructura y equipamiento, y el deterioro de las condiciones salariales de docentes, personal de apoyo académico, investigadores e investigadoras, ponen en riesgo no sólo el presente, sino también el futuro de generaciones enteras.

La universidad pública argentina ha sido históricamente una herramienta de movilidad social, producción de conocimiento y construcción democrática. Negarle los recursos necesarios para su funcionamiento implica atentar contra el derecho a la educación superior, la inclusión social y el desarrollo federal del país. 

A su vez, la ciencia y la tecnología, lejos de ser un lujo, son condiciones indispensables para enfrentar los desafíos del siglo XXI: soberanía energética, salud pública, cambio climático, innovación productiva, entre otros.

En este contexto, defendemos la Ley de Financiamiento Universitario, que propone establecer un piso del 1,5% del PBI destinado a las universidades públicas nacionales. 

La historia nos enseña que no hay futuro posible sin educación, sin ciencia, sin universidades públicas fuertes y comprometidas con la sociedad.

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